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El gobierno viola los
derechos constitucionales indígenas
En el propósito de deslegitimar la marcha indígena de CIDOB,
los personeros de gobierno han afirmado que sus demandas
serían contrarias a la CPE. Siendo esto muy dudoso y
discutible, es en cambio claro e incontrovertible que es el
propio gobierno quién está incurriendo en la flagrante
violación de los derechos constitucionales de los pueblos
indígenas. Esto se revela, por lo menos, en los dos casos
siguientes.
El parágrafo VII del art. 146 de la CPE dispone que se
establecerán circunscrpciones especiales indígenas “ …en
aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones
indígena originario campesinos constituyan una minoría
poblacional.”. Esta es exactamente la situación del pueblo
guaraní en el departamento de Chuquisaca, con la
particularidad de ser el más damnificado por la dominación
colonial que le impuso, hasta hace muy poco, la esclavitud y
el cautiverio, lo que hace especialmente necesario su
reconocimiento y respaldo por el Estado Plurinacional.
Sin embargo, la Ley del Régimen Electoral proyectada por el
gobierno y aprobada precipitadamente por la Asamblea
Legislativa no ha establecido la respectiva circunscripción
indígena constitucionalmente necesaria, limitándose a mantener
solamente las circunscripciones indígenas ya existentes en
número de 7, insuficiente y mezquino para canalizar la
representación política directa de una treintena de pueblos en
la condición de minoría étnica constitucionalmente aludida.
Asimismo, el art.. 292 de la CPE dispone que “Cada autonomía
indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de
acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la
constitución y la Ley, y no existe otra disposición
constitucional, en relación a esta forma de autonomía, que
permita dar a la aprobación de estos estatutos, un
procedimiento distinto al previsto para su elaboración.
Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de Autonomías del
gobierno, se pretende que los Estatutos de las Autonomías
Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una práctica
ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” que
la CPE reconoce como único medio para elaborar tales Estatutos.
El argumento de velar por la participación de los pocos no
indígenas radicados en estas autonomías, se basa en el
prejuicioso equívoco de creer que en los actos de la
democracia comunitaria no tienen cabida los no indígenas.
Para peor, ante la obvia y razonable reacción movilizada de
los afectados, los voceros gubernamentales responden con la
calumnia descalificadora de acusar a las organizaciones
indígenas de estar digitadas y financiadas por USAID. Como si
el movimiento indígena hoy movilizado no fuera el mismo que, a
lo largo de 20 años y con el mismo método de movilización
pacífica hoy empleado, logró conquistas de fundamental
importancia precursora para la constitución del Estado
Plurinacional y la apertura del actual proceso de
transformaciones, sin injerencia ni financiamiento alguno del
comunismo internacional, como era por entonces la calumnia de
los gobiernos neoliberales.
Y como si la violación de los derechos constitucionales
indígenas en las propias leyes del Estado Plurinacional, entre
otros problemas que involucran al gobierno, no fuera una
agresión suficientemente grave como para motivar su legítima y
razonable movilización sin que gobierno extranjero alguno
tenga que promoverla ni financiarla.
Peor aún, a la agresión y a la calumnia se añade el ridículo
vergonzoso de presentar solemnemente ante la opinión pública,
como prueba concluyente de la digitación ejercida por USAID
sobre la marcha indígena, un libro editado con financiamiento
de esa entidad. Probablemente pueda hacerse una pequeña
biblioteca con los libros que ha publicado el gobierno con el
mismo financiamiento y eso no lo convierte en un gobierno
títere de los EEUU.
Con esta actitud, el gobierno daña gravemente al movimiento
indígena, pero, a la postre, se daña más a sí mismo y al
proceso revolucionario al que se debe. Alineada a otros actos
con el mismo desafortunado sentido de prepotencia y exclusión,
como el encaramiento represivo del
conflicto en Caranavi o la ruptura unilateral con el MSM, esta
actitud pareciera dar cuenta de una extraña y autodestructiva
estrategia de desagregación social y política. En mi estupor
todavía incrédulo me pregunto por qué. Alejandro Almaraz, ex
viceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales.
30/06/2010. www.bolpress.com.
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